Cuando creías que los acuerdos comerciales no podrían empeorar más, aparece Wall Street

Por Paul Keenlyside


La traducción del original en inglés ha corrido a cargo de Jan Adamson.

¿Qué tienen en común las propuestas de dos minas de oro, una en los páramos de las tierras altas de Colombia y la otra en los Cárpatos de Rumanía?



Ambas minas necesitarían enormes cantidades de cianuro y amenazarían a los páramos que proporcionan agua potable a millones de personas. Una dañaría un ecosistema único y protegido legalmente y la otra acabaría con un asentamiento antiguo nominado por la UNESCO. Ambas han recibido críticas por parte de la comunidad científica, decenas de miles de personas se han manifestado en contra y los tribunales locales han impuesto restricciones normativas.

Y en ambos casos, las corporaciones mineras canadienses promotoras de los proyectos, Eco Oro en Colombia, y Gabriel Resources en Rumanía, han respondido a las protestas a través de los acuerdos de comercio e inversión para demandar a los gobiernos en los tribunales privados. De hecho, Eco Oro acaba de iniciar su demanda esta misma semana. Al utilizar el mecanismo de resolución de conflictos inversor-Estado (ISDS en sus siglas en inglés), las corporaciones pueden demandar a los gobiernos por cantidades de hasta miles de millones de dólares que salen de los impuestos de los contribuyentes de ambos países. Estas demandas ISDS son posibles gracias a los amplios derechos otorgados a las corporaciones mediante los acuerdos de comercio e inversión

Pero ambos casos tienen otro elemento en común: el gran capital de Wall Street.

Ambas demandas se financian con dinero del mismo fondo de inversiones de Wall Street, Tenor Capital Management. A cambio de una parte de la indemnización, Tenor financia los gastos legales de las corporaciones. Estas apuestas especulativas de ISDS ya le han salido muy bien a Tenor. El fondo de inversiones ganó a lo grande en abril de 2016, cuando se llevó el 35% de 1.400 millones de dólares en una sentencia ISDS contra Venezuela, lo que supone un beneficio de más de un 1,000% sobre los 36 millones de dólares que proporcionó Tenor para cubrir los gastos legales.

Los riesgos que conllevan estas prácticas, conocidas como “financiación de terceros”, son claros: Cuando Wall Street especula sobre el resultado de los casos ISDS, infla el número de casos de las corporaciones contra los gobiernos. El efecto es cada vez más gasto para el contribuyente y riesgos más altos para los gobiernos que se opongan a las inversiones nocivas.

De hecho, para maximizar sus ganancias, las empresas de Wall Street se sienten impulsadas a “invertir” en un gran número de casos ISDS, ya que existe una relativamente baja probabilidad de ganancias masivas en cada caso. Si esto suena a inversión tipo casino, hay que recordar que la naturaleza sesgada de los tribunales ISDS juega a favor de los inversores a terceros. Como reveló hace poco la investigación de Chris Hamby sobre el ISDS para la Buzz Feed News, el sector financiero ya ha montado un mercado sofisticado basado en estos casos ISDS. Gente que conoce el sistema desde dentro cree que pronto las empresas de Wall Street empezarán a trabajar los casos ISDS a “escala industrial.”


Debido al hecho de que sólo las corporaciones y no los gobiernos pueden iniciar los casos ISDS, los gobiernos no tienen los mismos recursos de financiación, ya que no tienen ganancias potenciales que ofrecer  En Costa Rica, que también está envuelta en un caso ISDS con financiación de terceros, relacionado con una mina de oro cuyos efectos serán nefastos sobre el medio ambiente, su Fiscal General tiene un presupuesto anual de sólo 17 millones de dólares. Bolivia, uno de los países más pobres de occidente, se enfrenta a un caso ISDS con financiación de terceros sobre una mina de plata, su Fiscal General tiene un presupuesto anual de 12 millones de dólares.

 En contraste, Tenor consiguió recientemente 170 millones de dólares para un fondo comercial internacional especializado en arbitrajes y lanzado en 2015. Otro fondo de terceros, ubicado en Londres, Fondo Calunius, sostiene que “no hay caso demasiado grande” para su empresa. Otro fondo importante, Burford Capital, invirtió $700 millones en demandas de terceros entre 2009 y 2015, con un rendimiento del 70% sobre el capital invertido en 2015.

Cuando estos fondos con tal poderío financiero apoyan las demandas  corporativas contra  gobiernos empobrecidos, incrementan la probabilidad de que el gobierno ceda y dé marcha atrás en las políticas cuestionadas por las corporaciones. Incluso en el supuesto de que un gobierno “gane” una demanda ISDS, se le puede hacer pagar las costas legales, con un promedio de 8 millones de dólares por caso, y en algunos casos sobrepasan los 30 millones. Frente a estos gastos, y posibles batallas legales muy largas, puede que los gobiernos consideren más prudente, a nivel económico, rebajar las normativas medioambientales o de otro tipo que intentar defender
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La financiación por terceros de las demandas legales ha generado también un malestar significativo al margen del mundo del ISDS. Existe la preocupación de que haya cada vez más demandas frívolas y cree conflictos de intereses cuando los financieros busquen influir en el resultado de las demandas. De hecho, la influencia de Tenor en los casos mineros contra Colombia y Rumanía es evidente. Tenor se ha convertido en un accionista importante de Eco Oro y Gabriel Resources, y un directivo  de Tenor ocupa un puesto en la junta directiva de ambas empresas. Incluso, este arreglo de Eco Oro con Turner, ha sido criticado por sus propios accionistas como “represivo y abusivo”, hecho para el beneficio de los directivos privilegiados de la empresa.

Por supuesto que la falta de fondos no debería ser una barrera a la justicia, y deben funcionar sistemas judiciales accesibles económicamente. Pero la financiación de las demandas vía Wall Street es el peor modelo posible. Esto es especialmente relevante en el caso del ISDS.  En última instancia, las empresas financieras están especulando con la posibilidad de enormes beneficios a costa del dinero público.

En un momento en el que los gobiernos deberían acelerar la lucha contra el cambio climático y proteger el aire y el agua, la financiación de terceros añade un predador más al sistema del ISDS que ya está socavando la posibilidad que tienen los gobiernos para salvaguardar el interés público.

Ya es una amenaza  muy real para los dos millones de habitantes de Bucaramanga, Colombia, que están luchando para parar la mina que amenaza su agua potable y para la gente de Rumanía, que tiene la esperanza de proteger sus aguas de otro escape masivo de cianuro.  Tener que enredarse en demandas financiadas por fondos de inversión, consecuencia de malos acuerdos comerciales, es una indicación de la necesidad de nuevas alternativas al comercio, basadas en el derecho soberano de los gobiernos para proteger sus recursos naturales.

Paul Keenlyside es investigador sobre el comercio del programa de Comercio Responsable del Club Sierra.

El 21 de diciembre No Más Cortes de Luz #El21DYoVoy


Las 27 organizaciones de la sociedad civil impulsoras del manifiesto nomascortesdeluz.org, partidos políticos que apoyan sus reivindicaciones y numerosos colectivos locales han convocado concentraciones y manifestaciones el este miércoles 21 de diciembre:

Burgos
Plaza del Cid — 18.45 h — Concentración

León
Plaza de la Catedral — 19.30 h — Manifestación

León (La Bañeza)
Plaza del Ayuntamiento — 19.00 h — Concentración

León (Ponferrada)
Paseo del Ayuntamiento — 20.00 h — Mesa informativa

Salamanca
Plaza Mayor — 20.00 h — Concentración

Béjar (Salamanca)
Plaza Mayor — 19.00 h — Concentración

Segovia
Paseo Azoguejo — 19.00 h — Concentración


Cientos de organizaciones Europeas y Canadienses piden terminar con la ratificación del CETA

Cientos de organizaciones europeas y canadienses instan a las/los legisladores a votar en contra del Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA). Las organizaciones firmantes han aunado sus fuerzas en la defensa de las personas y del planeta contra las amenazas que plantea el Acuerdo UE-Canadá, el cual todavía debe ser ratificado por el Parlamento Europeo.
Si las/los europarlamentarias/os dieran luz verde al Acuerdo, se procedería con el paso siguiente: las ratificaciones en los Estados miembros.



En una carta abierta enviada a las/los eurodiputadas, las organizaciones firmantes han querido expresar las preocupaciones sobre el CETA, cuya ratificación puede debilitar la protección de los trabajadores y del ambiente, y ofrecer a los inversores extranjeros herramientas para atacar regulaciones de interés público.
La carta abierta subraya que:
• El CETA no es un acuerdo de comercio progresista; es aún mas invasivo que lo que preveía la vieja agenda de libre comercio diseñada por y para las multinacionales más grandes del mundo.
• El acuerdo contiene muchas disposiciones preocupantes que ponen relegan a un segundo plano las necesidades de las personas y del planeta.
• Hace falta un cambio de dirección hacia una política comercial transparente e inclusiva

A ambos lados del Atlántico, agricultores, sindicatos, sanidad publica, consumidores, grupos de defensa de los derechos ambientales y digitales y otras organizaciones de la sociedad civil se encuentran en la lista de los firmatarios. Su firme rechazo al CETA es la demostración de la creciente oposición al polemico acuerdo, criticado también por juristas, pequeñas y medianas empresas y un amplio número de economistas.
La activista Pia Eberhardt en nombre del Corporate Europe Observatory, una de las organizaciones que ha suscrito la declaración, afirma:
‘La ratificación del CETA otorgaría a las corporaciones carta blanca para conseguir sus intereses. El CETA contiene unas poderosas herramientas par que las corporaciones puedan intimidar a los gobiernos y demandarles para compensaciones si se introducen políticas para la protección de las personas y del ambiente que puedan afectar los beneficios de las multinacionales. En práctica, asistiríamos a como las corporaciones impidan a los gobiernos hacer el trabajo para el cual fueron elegidos.
Larry Brown, Presidente del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (NUPGE) quien también firmó la carta, añade:
Estamos con los trabajadores europeos y con las organizaciones de la sociedad civil que se están movilizando contra este acuerdo comercial que no sera beneficioso para la gente. Seguiremos luchando contra el acuerdo con Canadá. Queremos que nuestros líderes políticos se alejen del fracasado modelo de los viejos acuerdos comerciales y que promuevan un comercio que beneficie las personas y el ambiente.
El Secretario General de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU), Jan Willem Goudriaan, entre los firmatarios, comenta:
‘Los sindicatos han ofrecido numerosas sugerencias a las negociaciones del CETA para la protección de los servicios públicos y el fortalecimiento de los derechos laborales. A pesar de las concesiones de última hora para aclarar la possible interpretación del acuerdo, nuestras preocupaciones no se abordan en el texto. El CETA se ha convertido en un acuerdo perjudicial para los intereses de las personas. Por lo tanto, instamos a las/los miembros del Parlamento Europeo a que defendan las/los ciudadanas/os, los servicios públicos y nuestra democracia y que voten en contra del CETA.
Datos de contacto:
Cuca Hernández,
ATTAC, cucahernandez@gmail.com, +34 629 11 67 71

Francesca Ricciardi,
Ecologistas en Acción, difusion.noalttip@ecologistasenaccion.org , +34 633150207

Notas al editor:
 Enlace a la carta abierta dirigida a las/los legisladores (con las traducciones en diferentes idiomas).
• Ha habido cierto malcontento en el Parlamento Europeo con relación a la estricta agenda del CETA. Se prevé que los coordinadores de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) decidirán hoy (28 de noviembre) una nueva agenda. Todo apunta a una votación del INTA en enero, después de la cual todas/os las/los miembros del Parlamento Europeo votarán sobre el CETA en febrero.
• Un análisis del texto del CETA y de las muchas declaraciones que lo acompañan, pone en evidencia que las preocupaciones acerca de los impactos negativos para los trabajadores, el ambiente y la democracia son fundadas.

Los ejemplos relativos a las varias voces críticas sobre el CETA incluyen:
• Mas de 2.100 gobiernos regionales y locales se han declarado zonas libres del TTIP y CETA.
• Una declaración de 101 profesores de derecho de 24 países europeos que se oponen a los derechos de los inversores en el CETA y en el TTIP
• Una iniciativa por parte de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) de toda Europa que instan a los Gobiernos a que rechacen el CETA
• Comentarios académicos y periodísticos de destacados economistas que subrayan como las previsiones del CETA relativas a los ‘recortes de los costes de comercio y de otros’ causarán desempleo, desigualdad y perdida de bienestar (Kohler and Storm, 2016), convirtiendo el acuerdo en un tratado que pertenece a otra época y que debe ser rechazado (Piketty, 2016)

Cabe destacar que el día 29/11 se va a debatir en el Pleno del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley que insta a los grupos parlamentarios a posicionarse para rechazar la ratificación del CETA. Ya se presentó una PNL en la Comisión de Exteriores pero el 29/11 todo el Congreso tendrá que votar si están a favor de las multinacionales o de que se respeten los derechos laborales, el medio ambiente y la salud de las personas.

TLC ECUADOR-UNIÓN EUROPEA: TRIUNFAN LAS CORPORACIONES

La firma del Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión Europea este 11 de noviembre cerrará un capítulo de la historia del país andino que se había mantenido, hasta ahora, fuera de las más rígidas ataduras neoliberales.


Lo paradójico es que esto ocurre durante un gobierno que surgió de las revueltas sociales en oposición al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y al TLC bilateral con EEUU, ocurridas hace más de una década, enarbolando la lucha contra las transnacionales y la defensa de la soberanía nacional como requisitos para la transformación del sistema político y económico.

El camino seguido por el gobierno del Ecuador para llegar a la firma de este tratado ha estado lleno de contradicciones. Las negociaciones incluyeron inicialmente a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, con planteamientos de éste último en favor de un trato especial y diferenciado considerando las asimetrías existentes; en 2009 Ecuador dejó de participar en las rondas argumentando su desacuerdo en negociar un TLC, pero tiempo después reanudó las negociaciones. 

Esto dejó a Bolivia aislada, resquebrajó el proceso de integración subregional dentro de la Comunidad Andina, y colocó al Ecuador a la cola de sus dos países vecinos, ambos con larga trayectoria neoliberal y con un TLC vigente con EEUU. De hecho, la firma de Rafael Correa el 11 de noviembre no será más que la adhesión al tratado firmado entre la UE, Colombia y Perú.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la incompatibilidad de este tratado con la Constitución del Ecuador, reconocida por su carácter garantista de derechos y por establecer los derechos de la naturaleza. Toda una corriente de funcionarios pro-TLC al interior del gobierno se dedicaron a la búsqueda de formas de “armonizar” el tratado con la Constitución. Más tarde se pudo ver la aprobación de normas claramente anti-constitucionales que fueron preparando el camino para la aplicación del acuerdo; por ejemplo, abrieron la posibilidad de privatización del agua, lo cual va de la mano con uno de los compromisos específicos del tratado en relación con el acceso a tierras y agua por parte de inversionistas europeos.

Para algunos Rafael Correa traicionó a los movimientos sociales del Ecuador, para otros es un hábil estratega que asumió el papel de modernizar el desarrollo capitalista utilizando un discurso de izquierda mientras divide y criminaliza a las organizaciones que disienten de sus políticas. Es una cuestión de perspectiva. Correa es un político que respaldado en un poderoso aparato de propaganda tuvo la habilidad de seducir a la población con medidas redistributivas sostenidas en la bonanza derivada del alto precio del petróleo hasta su desplome, con lo que han reaparecido los índices de desempleo de años anteriores al correísmo, al tiempo que se devela una enorme deuda externa -con China como segundo mayor acreedor- y escandalosos casos de corrupción que involucran a altos funcionarios del régimen. 

Lamentablemente, muchas de las alertas levantadas por líderes sociales históricos del Ecuador fueron desoídas internacionalmente, incluso por sectores de la izquierda europea, cerrando las posibilidades para un esfuerzo conjunto de lucha contra el TLC y su lógica nefasta.

Las estructuras de concentración de la riqueza han permanecido intocadas. La “revolución agraria” comprometida desde el inicio del gobierno con las organizaciones del campo ha sido reiteradamente postergada; las demandas de frenar el extractivismo se han respondido con la criminalización de la resistencia. Además, el objetivo señalado en la Constitución de garantizar la soberanía alimentaria para toda la población ecuatoriana quedará cancelado a causa del TLC con la UE.

La UE es una potencia agrícola a nivel mundial a raíz de que su sistema agrícola fue tomado por la gran agroindustria, actualmente beneficiaria del mayor porcentaje de subsidios por producción y por exportación, principalmente en los sectores de lácteos, azúcar, cárnicos, cereales, alimentos elaborados.

En el Ecuador, un país de 16 millones de personas, el sector de los lácteos involucra a entre 900.000 y 1’500.000 personas, con alta participación de pequeños y medianos productores, y entre ellos una cantidad importante de mujeres campesinas que son jefas de familia. Al ser forzadas a “competir” con los productos lácteos europeos altamente subsidiados sin duda quedarán en condición de inviabilidad económica.

La investigación realizada por Acción Ecológica sobre los impactos del TLC Ecuador-UE en el sector rural, advierte además sobre los impactos negativos en las economías campesinas de las medidas sanitarias y fitosanitarias que la UE pide a los países con los que negocia acuerdos comerciales que sean armonizadas para que la circulación de sus bienes agrícolas y ganaderos no sean objetos de control en las fronteras de los países de cada una de las regiones. Como alumno que cumple la tarea antes de que se la pidan, en el Ecuador ya han empezado a aplicarse medidas de este tipo que resultan imposibles de aplicar para los pequeños productores de queso, por ejemplo. 

Otra preocupación tiene que ver con las semillas. La nueva ley de semillas que está por ser aprobada exigiría que todas las semillas que circulen en el Ecuador sean certificadas y cuenten con un registro, lo que excluirá a la mayoría de semillas campesinas. No se descarta que esto responda a una exigencia de la UE. 

Un puñado de grandes empresas agroexportadoras serán las beneficiarias del tratado, incluyendo a varias transnacionales que operan en el país, entre ellas algunas europeas.

En el caso del banano, de las diez principales empresas exportadoras, dos son de EEUU (de los grupos Dole y Chiquita), dos son de Rusia, una es de Alemania, y cinco son de Ecuador (pertenecientes a grupos económicos muy poderosos).

En cuanto a las flores, una gran cantidad son enviadas a los Países Bajos, que controla gran parte de las exportaciones a nivel mundial con flores producidas en otros países. Controla además gran parte de los derechos de obtentor (una forma de propiedad intelectual) lo que aumenta su poder en el mercado de las flores. 

En relación con la pesca industrial, la subsidiaria de la empresa española Isabel Conservas Garavilla es una de las cinco más grandes empresas pesqueras.

Estos sectores, además del camaronero o del brócoli, también beneficiarios del tratado, son responsables de importantes impactos socioambientales por la destrucción de bosques, manglares, pesquerías y extensas áreas de cultivo de alimentos, y por la contaminación provocada a causa de la utilización de ingentes cantidades de agrotóxicos. Con el TLC esta situación se verá agravada.

Puede decirse que no hay nada nuevo en todo esto. Pocos y poderosos ganadores, muchísimos perdedores. El libre comercio destruye economías locales y somete a países y territorios a sus reglas, como bien lo sabemos en América Latina teniendo el claro retrato de México, país sacrificado en nombre del neoliberalismo más duro. La diferencia está en que el Ecuador ha sido lanzado a este destino por un gobierno que se autodefine de izquierda y que tiene como presidente a quien fuera autor de varios libros que describen las falacias del libre comercio. ¿Traición? no, sólo una capacidad casi infinita de engañar.

ACCIÓN ECOLÓGICA
Quito, 8 de octubre de 2016
Más información:
semilla@acionecologica.org

Palencia: Presentación de "La gran encrucijada" de Yayo Herrero



El próximo jueves 17 de noviembre, a las 19 horas, Yayo Herrero estará en la Biblioteca Pública de Palencia para presentarnos el libro "La Gran Encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico", el primer texto de análisis y propuestas auspiciado por el Foro Transiciones. 

Yayo Herrero es activista ecofeminista, militante de Ecologistas en Acción y dirige la fundación Fuhem. Es, además, antropóloga, ingeniera técnica agrícola y diplomada en Educación Social. 

Si no conoces a Yayo Herrero, te invitamos a ver este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=z3y8PgsFJNQ


Gracias por ayudarnos a difundir

Grupo de Decrecimiento de Attac Palencia
"Hasta Aquí Hemos Llegado"